¿Por qué no, presidente Abinader?

Reflexiones del 26M

Señor Presidente de la República, en vista de que día tras día su gobierno implementa tácticas cada vez más autócratas y lesivas para nuestro sistema político, me tomaré el atrevimiento de cuestionarle –a través de hechos recientes y el irrespeto a nuestra Constitución que ya se ha vuelto tan habitual– cuestiones que como ciudadano responsable entiendo nuestro país amerita nos sean respondidas, bajo la premisa de que nuestro país –tal y como, de manera ideal, establece nuestra Constitución en su artículo 7– “…es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos.”

¿Por qué, día tras día, vemos una judicialización cada vez más acelerada de la política en nuestro país? Con irrisorias violaciones al debido proceso amparado por esa Carta Magna de la que me guío y hago referencia –en su artículo 69 para ser más específicos–; con casos donde parecería que el afán mediático supera –considerablemente– la sed real de justicia.

Parecería, incluso, que a su gabinete se le hace difícil cumplir con lo establecido por nuestra Ley Sustantiva en su artículo 39 que establece que “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal”, y es que la razón que nos mueve a establecer un planteamiento de esta naturaleza es –para este caso– estrictamente desde el ámbito político donde, debido a los últimos acontecimientos cualquiera pudiera ver de manera bastante clara que hay una gran diferencia entre lo que se practica y lo que se pregona. Ningún ciudadano debería temer que se ejecute opresión en su contra por el simple hecho de tener opinión política o filosófica distinta a los demás.

¿Por qué no nos explica la razón por la que en el día de ayer a los peledeístas se nos violaron nuestro derecho de libertad de reunión, presidente Abinader? Detrás de la reunión no existía ningún fin que constituyera en un ilícito, entonces… ¿por qué bombardear nuestra Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez? Nuestra Ley Sustantiva establece en su artículo 48 que “Toda persona tiene el derecho de reunirse, sin permiso previo, con fines lícitos y pacíficos, de conformidad con la ley.”, y nuestro Tribunal Constitucional  ­–a través de su sentencia TC/­­0092/18– se ha manifestado en cuanto al ejercicio a la manifestación o protesta social, indicando que “…esta constituye una expresión del control ciudadano frente a las autoridades que ejercen potestades públicas y procuran que el Estado ofrezca respuestas concretas u acometa acciones ante sus demandas; este es un medio legítimo de poder ciudadano que opera como contrapeso en el orden democrático, que debe ser preservado, por lo que sus actuaciones de la autoridad deben estar enmarcadas en las facultades que le otorga la ley y la Constitución.”, entonces… ¿por qué impedirnos protestar de manera pacífica ante la judicialización de la política en nuestro país y los reiterados atropellos que viven los dominicanos a diario, señor Presidente?

Esa misma referida decisión del Tribunal Constitucional, también nos indica que “…el derecho a la reunión, a la libre expresión y a la protesta frente a los lugares públicos solo puede ser impedido por la autoridad cuando exista una razón que justifique la limitación de estos derechos; en ningún modo, se podrá alegar un peligro eventual o un prejuicio de considerar una manifestación social como sinónimo de desorden o de conspiración al orden constitucional.”, ¿por qué, entonces, no se ha garantizado el derecho constitucional a la protesta?

Convendría incluso, recordar de manera responsable que la misma Ley Sustantiva –en su artículo 49– establece que “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa.”, ¿por qué limitarnos a nuestro derecho de expresarnos –sin hacerle daño a nadie– en contra de los reiterados abusos que tiene su gobierno?

Y, por último, y no menos importante, señor Presidente… ¿por qué no nos explica qué es lo que les está llevando a cometer tantos actos opresivos en contra de quienes piensan distinto? Yo creo que aún estamos a tiempo de recibir la respuesta. La magnitud de lo ocurrido ayer cuando agentes de la Policía Nacional bombardearon la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez del Partido de la Liberación Dominicana no deja de ser un acto de burda opresión a un partido en oposición que ha sido respetuoso en todo momento y no estaba reunido con fines ilícitos. Constituyendo esto un ataque burdo y directo a la democracia dominicana.

Ayer le tocó al PLD, pero a este ritmo parecería que… ¡mañana puede ser a cualquiera que piense distinto a ustedes!

La renovación a las puertas del PLD: reflexiones del 14F

El domingo pasado, en un acto totalmente cívico y de compromiso partidario, casi medio millón de presidentes de Comité de Base del partido de la estrella amarilla acudieron a las urnas. Con motivos de sobra para que fuera un proceso atípico: en medio de una pandemia; fuera del gobierno —a diferencia de congresos pasados— y sin quien fuera el presidente del PLD hasta el 2019 y, obviamente, parte de su estructura.

Lo cierto es que el pasado domingo, contrario a lo que se pudo pensar y a lo que muchos apostaron desde el principio: acudieron casi medio millón de miembros del Partido de la Liberación Dominicana para elegir los nuevos miembros del Comité Central. Esto, en el contexto antes mencionado, sin dudas es un mensaje fuerte y claro: todavía hay PLD para rato.

Hace tiempo, algunos sectores se han dado la tarea de minimizar el partido de la estrella amarilla por lo que puede traducirse, en esencia, a una combinación de malas decisiones y situaciones que, al final, nos sacaron del gobierno.  

Pero el proceso del pasado domingo 14 de febrero ha arrojado nuevos bríos de esperanza en el partido morado. El hecho de que los más votados tengan menos de 40 años y lo que implica que de los cinco más votados, la tercera sea una mujer (Robiamny Balcácer) —y por demás la única entre esos cinco— es motivo de regocijo y digno de admiración. Sin dudas, el domingo nuestros compañeros se decidieron por la renovación e innovación del partido de la estrella amarilla.

Desde ya, nos sumamos al deseo de que la compañera Robiamny Balcácer sea electa al Comité Político. Es la mujer más votada en el país, tuvo un paso intachable por la administración pública y es de esas figuras con gran aceptación que tiene nuestro partido de la estrella morada. Trabajadora y solidaria a carta cabal, pero, sobre todo, con una visión clara e inclusiva de hacia dónde debe dirigirse el partido de Bosch. Por lo que todavía tiene mucho que aportar al PLD y al país, y lo cierto es que al PLD le conviene seguir habilitando espacios para la juventud y la mujer.

De igual manera, auguramos el mayor de los éxitos a todos los miembros electos al Comité Central. Sepan que tienen grandes tareas por delante, pero todavía se puede creer y hay esperanza. Desde Robiamny —la mujer más votada a nivel nacional—, hasta Pedro Lorenzo —el más joven de los candidatos electos a nivel nacional— se nota claramente que el Partido de la Liberación Dominicana y su base están comprometidos con la renovación que necesita el mismo.

En ellos, así como también en Dilen Montero, Ángel Beltré, Julissa Ubri y en todos los demás compañeros —valiosos y con mucho que aportar—, se materializa lo que era un clamor de las bases: necesidad de compañeros que inyectarán nuevas ideas para el desarrollo del partido de la estrella amarilla.

¡Adelante, compañeros!

«La iglesia en manos de Lutero» y sus similitudes con la realidad dominicana

La expresión tiene mucho que ver con el hecho de que se ponga una institución en manos de quienes, claramente, no quieren su desarrollo y más bien se inclinan a favor de su división o derrota. Nuestras instituciones guardan mucha similitud con la misma.

A un poco más de los primeros cien días, el gobierno sigue mostrándonos la verdadera cara de sus actores. Las actuaciones de muchos de ellos dejan mucho que desear, pero lo cierto es que el problema radica en que hay sectores que han sido beneficiados con posiciones de poder que ejercen con todo el peso de sus funciones en detrimento a la colectividad, pero sí en beneficio a sus compañeros de causas.

Hace tiempo que nuestro país necesita —con carácter de urgencia— un cambio sustancial a la hora del fortalecimiento de sus instituciones. Lo cierto es que, aunque hemos mejorado mucho, todavía nos falta.

Los conflictos de intereses en las instituciones son extremadamente peligrosos, pues complican mucho el hecho de que la institución pueda tener un manejo ético, apegado a la ley y a las necesidades de sus usuarios. En el sector transporte de nuestro país, no existe excepción.

Sorprendió mucho el hecho de que el presidente Abinader designara en el INTRANT al ex diputado Rafael Arias Ramírez —quien se desempeñó como vicepresidente y gerente general de la Confederación Nacional de Organizaciones de Transporte (CONATRA)—. Por supuesto, esto trajo reacciones diversas: sectores apoyaron la medida bajo el entendido de que es un verdadero conocedor de la situación en nuestro país, mientras que otros mostraron preocupación debido a la desconfianza que ha generado dicho sector ante la ciudadanía con el paso de los años. Lo idóneo sería inclinarnos por la primera, pues amparados en el principio de buena fe, cualquiera pensaría que la institución se manejaría de la mejor manera con la finalidad de cada día aportar más soluciones a la necesaria regeneración de este sector. Pero no fue así y, como era de esperarse —en la lógica de la segunda—, era sólo cuestión de tiempo para que hicieran de las suyas.

Para nadie es un secreto que cada día nuestra ciudadanía se decide, cada vez más, por los servicios de la compañía Uber —aunque otros utilicen distintos servicios, como Cabify (en su momento) o DiDi (de ingreso reciente al mercado dominicano)— gracias a las facilidades que proporciona, la seguridad y las tarifas económicas —por citar algunas ventajas—. Esto, desde el principio, no le ha caído muy bien al sistema tradicional de movilidad que tiene tiempo reinando en el país. A tal punto que los enfrentamientos que han tenido los unos y los otros han sido totalmente hostiles e incómodos.

Es ante esta situación que el INTRANT hizo lo que todos los escépticos pensábamos que haría, pero que muy en el fondo no esperábamos que hiciera: emite una disposición impidiendo la operación de Uber en los entornos de los aeropuertos. Inmediatamente, se les vio el refajo, pues pareciera que desconocen la libre competencia o de cómo Uber ha venido a simplificar la vida de los usuarios y a eliminar años de tarifas sobrevaloradas —en muchas ocasiones—. Mientras sucedía todo esto, las multas a los Uber no se hicieron esperar, alcanzando montos de hasta RD$50,000.00.  El conflicto se agudizó tanto que, en lo adelante, el Ministerio de Turismo condenó la arbitrariedad del INTRANT y terminó propiciando un entendimiento entre ambos sectores. Lo cierto es que la regulación debe ser para todos, de eso no cabe dudas. Lo que es deplorable y cuestionable es la actitud que han tomado las autoridades al permitir que esos enfrentamientos escalaran tanto y sin régimen de consecuencia para quienes no aceptan la libre competencia de mercado.

Sin dudas, el asunto adquiere su peak cuando Juan Hubieres —presidente de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (FENATRANO) y exdiputado— se opusiera tajantemente en la manera en que sólo él sabe hacerlo: con un estilo peculiar, desafiante e irreverente que siempre le ha caracterizado, advirtiendo que recibirían con fusiles a quienes operen en el Corredor Núñez de Cáceres bajo la nueva modalidad—alianza público-privada recientemente inaugurada por el presidente Abinader—. Todo esto, bajo el alegato de que desde el 2001, la operación del mismo ha recaído sobre la OMSA. Denunciando abuso contra los transportistas, alegó que el transporte en la ciudad —Distrito Nacional— es controlado por FENATRANO, el Metro y la OMSA.

Ante todo esto, reluce demasiado el hecho de que al hacer sus denuncias y amenazas, Hubieres deja entrever lo que podría deducirse como un favoritismo de las autoridades gubernamentales a distintas vertientes del sector transporte de nuestro país. Justo ahí es donde salen a relucir los demonios de esta caja de pandora: lejos de procurar velar por un desarrollo integral y ecuánime de este sector, los distintos sindicatos que de él emanan —con sus luchas incesantes— siguen más interesados en lucrar sus bolsillos que en solucionar el problema, conjuntamente con las autoridades correspondientes.

Desde hace mucho tiempo, el Estado dominicano le ha dado más poder al sector en cuestión. Lo irónico es que lejos de llegar a consenso y mejorar sustancialmente el transporte dominicano, pareciera que hay más interés en disfrutar de los beneficios y continuar ofreciendo servicio deficiente a la ciudadanía. Pareciera, incluso, un monstruo en ascenso, con la firme convicción de desafiar todo lo que implique regularización y que puedan ceder algunos de los beneficios que ya reciben. Desafío que, en varias ocasiones ha implicado, paralización del transporte en el país siendo los más afectados los consumidores de a pie.

Detrás de cada transportista hay una familia, eso es cierto. Pero también es cierto que no es sensato seguir manteniendo una mentalidad antisistema a todo lo que implique regulación del transporte dominicano. Es cierto que para que esto progrese, en los años a venir, se necesitará de mucho consenso y de grandes negociaciones —debido al gran poder adquirido por los mismos al paso de los años y de su actitud ya mencionada—, pero al final la ciudadanía lo agradecerá y nos encaminaremos a una sociedad más desarrollada y respetuosa de la movilidad sostenible.  

Ojalá, por esas generaciones que le siguen a cada transportista, en un momento determinado podamos decir que se logró y que hereden un transporte dominicano más organizado, sostenible, apegado a la ley y menos temerario. Un transporte que represente confianza para la ciudadanía dominicana, no uno que parezca una selva.

Llama muchísimo la atención que ante las declaraciones y amenazas de Hubieres, ni el INTRANT ni la justicia se expresaran al respecto. Pues, si bien es cierto que expresó su parecer como presidente de una federación transportista, no es menos cierto que al referirse a que recibirían con fusiles a quienes operen el nuevo corredor Núñez de Cáceres —aún con todas las cuestionantes que puedan surgir a raíz de sus declaraciones y señalamientos—está incitando la violencia y al terrorismo, pues solamente basta imaginarnos que cumplan su amenaza y que, en la operación del Corredor, utilicen sus fusiles e inicien un enfrentamiento armado. Ojalá que no lleguemos a eso, aún estamos a tiempo.

Las líneas delgadas

Hace casi un año que nuestro país vive en la incertidumbre que ha traído consigo la pandemia del COVID-19. Durante todo ese tiempo, hemos visto cómo nuestras autoridades han hecho frente a una situación que cada vez se torna más incómoda. La población está cansada y no es para menos, pues lo cierto es que da la impresión de que no estábamos preparados mentalmente para los efectos de esta pandemia en el plano nacional y personal de cada ciudadano dominicano.

Tenemos un toque de queda que busca limitar la libertad de tránsito de la ciudadanía bajo el entendido de que ayuda a evitar la propagación del virus que hoy nos azota. La imposición del mismo está fundamentada en la misma Constitución —Artículo 266, numeral 6, inciso h— y la ley 21-18 de Estados de Excepción —Artículo 11, numeral 8—. Sin embargo, existe un gran problema: la ciudadanía está cada vez más cansada y muchas actuaciones de parte de nuestras autoridades solamente incrementan este sentir.

Hay localidades donde las autoridades —pareciera— no se atreven a entrar a cumplir con las funciones que de sí exigen estos tiempos tan difíciles, y es en esas mismas localidades donde hay ciudadanos que expresan su hastío ante una situación que, lamentablemente, da todos los indicios de empeorar. Desde la primera declaratoria de Estado de Emergencia en nuestro país ante esta pandemia, hemos visto cómo han ido variando las medidas: implementación de programas en beneficio de la ciudadanía, fortalecimiento de otros, variaciones en el toque de queda, etc.

Ante todo esto, el movimiento en contra de dicha medida cada vez es más grande. Esto se agudiza más cuando las autoridades no predican con el ejemplo. Si bien es cierto que es totalmente entendible que algunos tengan permiso y sus obligaciones les exijan transitar en el tiempo que —según el decreto en vigencia— no está particularmente permitido a quien no tenga algún permiso para hacerlo, no es menos cierto que las acciones de quienes se supone deben predicar con el ejemplo, complican más la incomprensión y el hastío generalizados con los que viene acarreando nuestra ciudadanía.

Desde bodas en pleno toque de queda —en franca violación al mismo y a la no aglomeración de personas—, vacaciones en plena pandemia del Director del Servicio Nacional de Salud, hasta la asistencia del Ministro de Salud Pública a un partido de la LIDOM cuando las puertas de los estadios permanecen cerradas a la ciudadanía que, se entiende, no deben contribuir a las aglomeraciones. Ante esto, destaca demasiado que personas como la Vicepresidenta —que dirige el Gabinete de Salud del Gobierno— y el Ministro de Salud Pública —que dice que fue solamente por si la serie de partidos finalizaba hacer entrega al equipo ganador— estén involucradas —de manera directa o indirecta— en acciones que van totalmente en contra a lo que se le está pidiendo a la ciudadanía. Esto se debe a que, por primera vez, en mucho tiempo, la ciudadanía ha visto restringidos algunos aspectos de su cotidianidad y en tiempos tan complejos y con tanto acceso al acontecer mundial, llama mucho la atención que en países desarrollados donde se ha visto esta actitud por alguno que otro funcionario, lo que sigue es una renuncia por el simple hecho de no predicar con el ejemplo en un momento de crisis no esperado.

No es una crítica dirigida —con exclusividad— a los ya mencionados simplemente, es que se trata también de que aún en estos tiempos difíciles donde claramente la pandemia ha venido a reiniciar —y por ahí mismo, con la misma intensidad, cambiar— nuestra cotidianidad, predicar con el ejemplo implicaría, de manera gigantesca, la forma más noble, humilde y firme que pueden dar nuestras autoridades a fin de que nuestra ciudadanía se eduque más al respecto.

Parecería parte de nuestra idiosincrasia, incluso, el ser antisistema, el cuestionar todo, el no acatar las medidas; pero aún así, la delicadeza que reviste los tiempos que estamos viviendo llama —de manera urgente— a un replanteamiento de parte de nuestras autoridades y de su accionar. Un replanteamiento que traiga consigo más educación de parte nuestra —la ciudadanía— hacia las medidas establecidas por nuestras autoridades; un replanteamiento que demuestre nuestra capacidad de adaptación guiados por buenos ejemplos.

Estamos ante un claro caso de líneas delgadas entre predicar con el ejemplo o simplemente hacer uso del poder. Hacer frente a esta pandemia no solamente es asunto de nuestras autoridades, es también asunto nuestro, pero lo antes mencionado -sin dudas- ayudaría muchísimo más a enviar un mensaje claro a la ciudadanía de que esto lo vencemos entre todos y que, predicando con el ejemplo —por más difícil que sea— es una acertada decisión ante un pueblo cuya idiosincrasia está pasando por una de sus más grandes pruebas, no solamente afectando nuestra salud y variando nuestra cotidianidad, sino también afectando nuestra economía y contribuyendo enormemente —y no necesariamente de manera positiva— a nuestra salud mental.

Doctrina del shock, demagogia y luna de miel

Usualmente nuestro país siempre dura un período de luna de miel con sus gobernantes cuando asumen el cargo por la vía democrática. Esto se agudiza aún más cuando se trata de alguien que por primera vez alcanza la Presidencia de la República. Más aún en el caso en cuestión, cuando la transición se da en un escenario en que el hoy principal partido de oposición duró 16 años gobernando los destinos del país.

La doctrina del shock es un término económico empleado por la autora Naomi Klein en el que explica —de manera magistral— cómo se aprovechan las situaciones desastrosas y/o complicadas por las que atraviesa una nación para, en medio de tanta sensibilidad de la población, imponer medidas que podrían parecer impopulares si su período de implementación fuese uno distinto, tomando en consideración un cambio de contexto. La aplicación de la doctrina del shock es justamente lo que nos está sucediendo y gran parte del pueblo no lo nota.

Estamos ante autoridades que lucen totalmente reactivas: toman medidas y desde que afectan algún sector, echan para atrás. Ejemplos hay de más, pero como dicen en el campo: «¡Todo es asigún!«.

Gobernar, ciertamente, no es tarea fácil. Por eso siempre se hace necesario el no apelar al populismo y a la demagogia, prometiendo lo que no sabemos que se pueda cumplir. O prometer algo para luego decir otra cosa, y/o embarcarse en buscar culpables.

Usualmente el pueblo siempre dura un período de luna de miel con sus gobernantes. Permitiéndoles operar con el gran beneficio de la duda. No obstante, esta vez no ha sido tan así. Claro, podrá decirse que son circunstancias distintas —estamos en medio de la pandemia del COVID-19—, pero lo cierto es que la sociedad cada día demuestra su claro hartazgo a los modelos tradicionales imperantes en nuestro sistema político, por lo que es preciso que cada partido vaya realizando la reingeniería que corresponde para, así, adaptarse a los tiempos y a una sociedad cada vez más demandante.

En los últimos meses hemos visto un incremento en errores que despiertan el interés de realizar así un análisis bien crítico al respecto, como dominicanos nos queda esperar —de todo corazón— que las cosas mejoren. Aunque el panorama luzca incierto y, en ocasiones, sombrío.