La expresión tiene mucho que ver con el hecho de que se ponga una institución en manos de quienes, claramente, no quieren su desarrollo y más bien se inclinan a favor de su división o derrota. Nuestras instituciones guardan mucha similitud con la misma.
A un poco más de los primeros cien días, el gobierno sigue mostrándonos la verdadera cara de sus actores. Las actuaciones de muchos de ellos dejan mucho que desear, pero lo cierto es que el problema radica en que hay sectores que han sido beneficiados con posiciones de poder que ejercen con todo el peso de sus funciones en detrimento a la colectividad, pero sí en beneficio a sus compañeros de causas.
Hace tiempo que nuestro país necesita —con carácter de urgencia— un cambio sustancial a la hora del fortalecimiento de sus instituciones. Lo cierto es que, aunque hemos mejorado mucho, todavía nos falta.
Los conflictos de intereses en las instituciones son extremadamente peligrosos, pues complican mucho el hecho de que la institución pueda tener un manejo ético, apegado a la ley y a las necesidades de sus usuarios. En el sector transporte de nuestro país, no existe excepción.
Sorprendió mucho el hecho de que el presidente Abinader designara en el INTRANT al ex diputado Rafael Arias Ramírez —quien se desempeñó como vicepresidente y gerente general de la Confederación Nacional de Organizaciones de Transporte (CONATRA)—. Por supuesto, esto trajo reacciones diversas: sectores apoyaron la medida bajo el entendido de que es un verdadero conocedor de la situación en nuestro país, mientras que otros mostraron preocupación debido a la desconfianza que ha generado dicho sector ante la ciudadanía con el paso de los años. Lo idóneo sería inclinarnos por la primera, pues amparados en el principio de buena fe, cualquiera pensaría que la institución se manejaría de la mejor manera con la finalidad de cada día aportar más soluciones a la necesaria regeneración de este sector. Pero no fue así y, como era de esperarse —en la lógica de la segunda—, era sólo cuestión de tiempo para que hicieran de las suyas.
Para nadie es un secreto que cada día nuestra ciudadanía se decide, cada vez más, por los servicios de la compañía Uber —aunque otros utilicen distintos servicios, como Cabify (en su momento) o DiDi (de ingreso reciente al mercado dominicano)— gracias a las facilidades que proporciona, la seguridad y las tarifas económicas —por citar algunas ventajas—. Esto, desde el principio, no le ha caído muy bien al sistema tradicional de movilidad que tiene tiempo reinando en el país. A tal punto que los enfrentamientos que han tenido los unos y los otros han sido totalmente hostiles e incómodos.
Es ante esta situación que el INTRANT hizo lo que todos los escépticos pensábamos que haría, pero que muy en el fondo no esperábamos que hiciera: emite una disposición impidiendo la operación de Uber en los entornos de los aeropuertos. Inmediatamente, se les vio el refajo, pues pareciera que desconocen la libre competencia o de cómo Uber ha venido a simplificar la vida de los usuarios y a eliminar años de tarifas sobrevaloradas —en muchas ocasiones—. Mientras sucedía todo esto, las multas a los Uber no se hicieron esperar, alcanzando montos de hasta RD$50,000.00. El conflicto se agudizó tanto que, en lo adelante, el Ministerio de Turismo condenó la arbitrariedad del INTRANT y terminó propiciando un entendimiento entre ambos sectores. Lo cierto es que la regulación debe ser para todos, de eso no cabe dudas. Lo que es deplorable y cuestionable es la actitud que han tomado las autoridades al permitir que esos enfrentamientos escalaran tanto y sin régimen de consecuencia para quienes no aceptan la libre competencia de mercado.
Sin dudas, el asunto adquiere su peak cuando Juan Hubieres —presidente de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (FENATRANO) y exdiputado— se opusiera tajantemente en la manera en que sólo él sabe hacerlo: con un estilo peculiar, desafiante e irreverente que siempre le ha caracterizado, advirtiendo que recibirían con fusiles a quienes operen en el Corredor Núñez de Cáceres bajo la nueva modalidad—alianza público-privada recientemente inaugurada por el presidente Abinader—. Todo esto, bajo el alegato de que desde el 2001, la operación del mismo ha recaído sobre la OMSA. Denunciando abuso contra los transportistas, alegó que el transporte en la ciudad —Distrito Nacional— es controlado por FENATRANO, el Metro y la OMSA.
Ante todo esto, reluce demasiado el hecho de que al hacer sus denuncias y amenazas, Hubieres deja entrever lo que podría deducirse como un favoritismo de las autoridades gubernamentales a distintas vertientes del sector transporte de nuestro país. Justo ahí es donde salen a relucir los demonios de esta caja de pandora: lejos de procurar velar por un desarrollo integral y ecuánime de este sector, los distintos sindicatos que de él emanan —con sus luchas incesantes— siguen más interesados en lucrar sus bolsillos que en solucionar el problema, conjuntamente con las autoridades correspondientes.
Desde hace mucho tiempo, el Estado dominicano le ha dado más poder al sector en cuestión. Lo irónico es que lejos de llegar a consenso y mejorar sustancialmente el transporte dominicano, pareciera que hay más interés en disfrutar de los beneficios y continuar ofreciendo servicio deficiente a la ciudadanía. Pareciera, incluso, un monstruo en ascenso, con la firme convicción de desafiar todo lo que implique regularización y que puedan ceder algunos de los beneficios que ya reciben. Desafío que, en varias ocasiones ha implicado, paralización del transporte en el país siendo los más afectados los consumidores de a pie.
Detrás de cada transportista hay una familia, eso es cierto. Pero también es cierto que no es sensato seguir manteniendo una mentalidad antisistema a todo lo que implique regulación del transporte dominicano. Es cierto que para que esto progrese, en los años a venir, se necesitará de mucho consenso y de grandes negociaciones —debido al gran poder adquirido por los mismos al paso de los años y de su actitud ya mencionada—, pero al final la ciudadanía lo agradecerá y nos encaminaremos a una sociedad más desarrollada y respetuosa de la movilidad sostenible.
Ojalá, por esas generaciones que le siguen a cada transportista, en un momento determinado podamos decir que se logró y que hereden un transporte dominicano más organizado, sostenible, apegado a la ley y menos temerario. Un transporte que represente confianza para la ciudadanía dominicana, no uno que parezca una selva.
Llama muchísimo la atención que ante las declaraciones y amenazas de Hubieres, ni el INTRANT ni la justicia se expresaran al respecto. Pues, si bien es cierto que expresó su parecer como presidente de una federación transportista, no es menos cierto que al referirse a que recibirían con fusiles a quienes operen el nuevo corredor Núñez de Cáceres —aún con todas las cuestionantes que puedan surgir a raíz de sus declaraciones y señalamientos—está incitando la violencia y al terrorismo, pues solamente basta imaginarnos que cumplan su amenaza y que, en la operación del Corredor, utilicen sus fusiles e inicien un enfrentamiento armado. Ojalá que no lleguemos a eso, aún estamos a tiempo.